Abogados querellantes de las causas que contemplan la desaparición y muerte de integrantes del GAP (círculo de guardaespaldas de Salvador Allende) esperan que durante este año se dicte sentencia de primera instancia contra los responsables ya identificados. De paso, se extrañan que el partido de los asesinados invierta hoy su dinero en grandes empresas.

Un grupo de hombres y mujeres avanza lentamente por calle Valentín Letelier con un dolor aferrado a sus huesos. La columna se detiene en el monumento a Salvador Allende, frente al Palacio de la Moneda, y el mutismo ahoga el espacio. Todos permanecen inmóviles rodeando una pequeña caja de madera que alberga los restos de un pasado que no abandonan.

El sábado 24 de junio y después de 44 años de haber sido ejecutado y posteriormente dinamitado su cuerpo, familiares y cercanos de Óscar Lagos Ríos, miembro del Grupo de Amigos Personales (GAP) del ex Presidente Salvador Allende, pudieron sepultarlo en el Cementerio General de Santiago, luego de ser velado en la céntrica sede de la Confederación Nacional de Sindicatos de Trabajadores del Sector Privado de Chile (CEPCH).

Cumplieron con la ceremonia de llevar los restos de uno de los 32 miembros del dispositivo de seguridad del ex mandatario, quienes estuvieron defendiendo la democracia, desde la Intendencia Metropolitana y la sede de Gobierno ese 11 de septiembre de 1973. Todos militantes del Partido Socialista o del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR).

Ninguno murió en el combate y cuando agotaron el escaso material con que contaban, fueron detenidos y trasladados al regimiento Tacna. En el recinto militar se les aplicó torturas y luego trasladados al regimiento Peldehue, donde yacieron fusilados, amontonados en una fosa y dinamitados sus cuerpos. Casi la totalidad de los  restos óseos fueron sacados en bolsas y lanzados al mar, en el contexto de la operación “Retiro de Televisores”, solución que dio Augusto Pinochet para encubrir las matanzas ocurridas a lo largo de Chile.

“Hoy la historia de nuestros familiares resulta incómoda para el Gobierno y el propio Partido Socialista “, explicó Francisca Alcayaga, secretaria de la Agrupación de Familiares de Detenidos en el Palacio de la Moneda e Intendencia.

La dirigenta indicó que el emplazamiento que realizan por años, es contra la colectividad oficialista, que agregó, ha tratado de silenciar el llamado que como familias hemos venido haciendo, “para que los que murieron, sean reconocidos y apoyados por el partido”.

“Ahí está el Partido Socialista sin decirnos nada, hemos hablando con su actual presidente Álvaro Elizalde, pero no escucha, se da la media vuelta, se limpia las manos y chao. Para ellos nosotros ya no servimos, nunca han considerado a las organizaciones sociales que representan a los GAP del Presidente Salvador Allende, ellos no se pueden negar a reconocer que eso fue verdad. No queremos grandes cosas, la patente por último del partido, para que dijeran ahí están nuestros muchachos y se podrían haber sentido orgullosos, no nos habrían mirado como chinches, siendo que los nuestros fueron más dignos que toda esa tropa de imbéciles que está hoy en el Partido Socialista”, argumenta Alcayaga.

Más críticas de familiares de ex GAP

Una crítica similar manifiesta Lidia Lagos Ríos, hermana de Oscar Lagos Ríos, ex GAP, sepultado el pasado sábado 24 de junio, luego que laboratorios europeos identificarán partes óseas rescatadas del regimiento Peldehue.

Lidia Lagos acusó igualmente al Partido Socialista chileno de haber abandonado a los familiares de las víctimas que combatieron el 11 de septiembre en la Moneda e Intendencia. Precisó que el desamparo es moral, político y que nunca se han sentido apoyados por la colectividad a la que pertenecieron.

“Ellos jamás se acercaron, nosotros tenemos pena, tristeza por eso, la invisibilidad de nosotros como persona, ese día no solamente mataron a mi hermano, sino que también nosotros fuimos marcados por la dictadura y ellos nunca se han acercado, un sentimiento de tristeza y rabia”, subrayó.

Al respecto, el secretario general del PS, Andrés Santander manifestó su sorpresa por el reclamo efectuado por la Agrupación de Familiares de Detenidos en el Palacio de la Moneda e Intendencia.

El dirigente de la colectividad precisó que en un poco más de tres meses que ha estado vigente la actual directiva, se ha sostenido una relación muy cercana con los familiares de las víctimas ex GAP, incluso indicó, la sede central del Partido Socialista siempre ha estado abierta para que los cercanos se reúnan y conversen sus demandas.

“De hecho el velatorio, los homenajes que se hicieron, se realizaron en la sede del partido, con todo nuestro apoyo, con la asistencia de la mesa y la juventud socialista, además de una conversación con todos los integrantes de la organización, por tanto, yo para ser sincero tengo una percepción absolutamente distinta. Esta dirección encabezada por Álvaro Elizalde y yo como secretario general, siempre vamos a estar disponibles, tenemos las puertas abiertas de nuestra sede para conversar con la organización, con las familias, etcétera”, afirmó.

Sobre el proceso penal que se mantiene por la desaparición y muerte de los 32 integrantes del GAP detenidos en la Moneda e Intendencia Metropolitana, el abogado Miguel Yáñez, que representa a la familia de Oscar Lagos Ríos informó que la investigación sumaria se encuentra cerrada.

El jurista aseveró que los responsables de los asesinatos y desapariciones, están identificados, siendo en su mayoría oficiales miembros de la plana mayor, quienes en ese entonces encabezaban el regimiento Peldehue.

“La etapa plenaria se cerró, está en manos del Ministro Miguel Vázquez, y esperamos que este año se dictamine en primera instancia, también que se incluya el fallo civil por reparación, por lo que esperamos que se haga justicia, se acojan las pretensiones y se condene a los criminales, dentro de los que está Pedro Espinoza que hoy cumple pena por delitos similares”, aseveró.

Según el expediente, entre el personal militar involucrado en las ejecuciones y desapariciones, se identificó además a los ex oficiales Luis Rodríguez Pineda, Fernando Maureira Roa, Teobaldo Mendoza Vicencio, Jorge Herrera López, Eliseo Cornejo Escobedo, Bernardo Soto Segura, Jorge Riquelme Silva e Ismael Gamboa Álvarez.

En el sumario, diversos testimonios acreditan que ese día se encontraban al interior del regimiento personal militar y de civil, los que utilizaban una pechera de color naranja, el mismo color de los uniformados que entraron a La Moneda.

Para el abogado de Derechos Humanos Nelson Caucoto, quien lleva la mayoría de las querellas criminales, la sentencia en primera instancia debería salir este año, aunque reconoció que existe una demora debido al cambio de tipificación de los delitos, de secuestro calificado a homicidio calificado, producto de la incorporación de nuevos antecedentes que contempla la reciente identificación de pequeños restos óseos encontrados en el regimiento Peldehue, que según informes periciales realizados en el extranjero, corresponden a Oscar Lagos Ríos y Juan Montiglio Murúa.

En 2001, a pesar de la acción de los explosivos y de la posterior exhumación de los cadáveres, se hallaron cerca de 500 piezas óseas.

Durante la dictadura que encabezó Pinochet, según cifras oficiales, unos 3 mil 200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los cuales 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos.